Por: Vera Nova
En los próximos días, el gobierno dominicano presentará una reforma de gran relevancia, resultado de un proceso que ha contado con la participación de sectores productivos y expertos clave. Este enfoque ha permitido recoger perspectivas técnicas y prácticas esenciales para el éxito de las políticas que se implementen. Sin duda, contar con la experiencia de estos sectores garantiza que las decisiones tomadas sean viables y aplicables en el contexto económico y social del país.
La participación de asociaciones empresariales, ONGs y otros actores clave ha sido crucial. Ellos conocen de primera mano los retos y oportunidades en el terreno y han aportado un enfoque más práctico que ayudará a aterrizar la reforma en la realidad dominicana. Sin embargo, la clave no está solo en el diseño de estas políticas, sino en cómo se implementan y se adaptan a las necesidades de los diferentes sectores del país.
Este proceso también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos que hagan más transparente y equitativa la toma de decisiones en el futuro. En un contexto donde el lobbying no está regulado, hay una oportunidad pendiente para mejorar la transparencia en la influencia sobre las políticas públicas. La regulación del cabildeo, una iniciativa que ha sido discutida pero no concretada, ayudaría a garantizar que todos los sectores tengan acceso igualitario al proceso de toma de decisiones, reduciendo así la posibilidad de que ciertos grupos tengan mayor influencia.
Aquí es donde la famosa frase «las leyes jamás deben ser un traje a la medida de los políticos» cobra mayor relevancia. La toma de decisiones debe responder a un enfoque más amplio y colectivo, en lugar de inclinarse hacia intereses particulares.
Ahora bien, ¿cómo seguimos avanzando en este camino hacia una mayor transparencia y participación? La reforma, una vez aprobada, será un hecho. Y, aunque ha tenido cierto nivel de socialización con actores clave, queda el desafío de cómo se implementará y cómo será recibida por la población en general. Es vital seguir abriendo espacios para que más voces sean escuchadas, e institucionalizar esta participación. Igualmente queda el desafío de escuchar a la población para responder con claridad a sus reclamos.
El verdadero desafío vendrá con la implementación: ¿se mantendrá el diálogo abierto para ajustar las políticas según las necesidades del país? Ciertamente es difícil complacer a todos y a veces vale más tomar decisiones que seguir analizando alternativas. De todos modos, tal vez sea hora de preguntarnos: ¿cómo podemos asegurarnos de que las leyes futuras sean inclusivas en su implementación si aún tenemos camino por recorrer en su diseño?
